Publicado: Sab Feb 02, 2008 4:15 pm Título del mensaje: DESDE LA MURALLA - 2-02-08
Seamos consecuentes. “Hay en cada Estado tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de los asuntos que dependen del derecho de gentes y el poder ejecutivo de los que dependen del derecho civil. Por el poder legislativo, el príncipe, o el magistrado, promulga leyes para cierto tiempo o para siempre, y enmienda o deroga las existentes. Por el segundo poder, dispone de la guerra y de la paz, envía o recibe embajadores, establece la seguridad, previene las invasiones. Por el tercero, castiga los delitos o juzga las diferencias entre particulares. Llamaremos a éste poder judicial, y al otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado. La libertad política de un ciudadano depende de la tranquilidad de espíritu que nace de la opinión que tiene cada uno de su seguridad. Y para que exista la libertad es necesario- que el Gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer nada de otro. Cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente. Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez seria al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares”. (El Espíritu de las Leyes, Montesquieu) ¿Mi opinión sobre lo anterior?: Una utopía. Especialmente en la España en que vivimos. En nuestro país no existe en realidad una clara división de poderes. Precisamente por eso 460.000 perjudicados por la acción de un Gobierno intervencionista y totalitario que actúa como tal -sin ningún tipo de rubor- corremos de un lado para otro como pollos sin cabeza de cara a las próximas elecciones. Y cuanto más se aproximan estas mas frenéticos se hacen nuestros movimientos y mayor desconcierto y desorganización mostramos. Se acerca el momento de tomar decisiones. La más grave, para algunos, decidir sobre cual debe ser el partido político al que debe votar. Ese es, sin duda alguna, su dilema más sangrante. Que estemos sufriendo tanto por tener que dejar a una sola carta y mediante la utilidad de nuestro voto la recuperación de nuestros ahorros, no deja de ser un tanto paradójico. Máxime cuando, independientemente de cualquier otro tipo de consideración, la intervención judicial de las dos compañías filatélicas Fórum y Afinsa, se ha debido –según afirmaciones del propio Vicepresidente Solbes- a una “decisión política” aduciendo para justificar dicha acción que, con ella, se han evitado males mayores. Es decir: se ha frenado la continuidad de la presunta estafa. De ser cierta esa afirmación y aún habiendo violado el Gobierno de manera flagrante la división de poderes (ellos mismos son quienes afirman que fue el Partido Socialista quién instó a la Fiscalía Anticorrupción a actuar), deberíamos, dicen algunos, estarle agradecidos. Una de las funciones del Estado es la de proteger a los ciudadanos. Y si para proteger a cientos de miles de presuntas víctimas de estafa –y a las que vinieran en el futuro- debían transgredir alguna norma jurídica, el fin, dicen otros, habría justificado los medios. El problema es que las cosas no están tan claras. Máxime cuando, pasados veinte meses desde el día de la intervención de Afinsa Bienes Tangibles (me referiré a ella por el momento) y a tenor de los detalles que sobre la misma vamos conociendo, las supuestas irregularidades empresariales de Afinsa siguen sin probarse. Es decir: los delitos de los que se imputa a sus Administradores, no lo son tanto como los que están cometiendo contra nosotros las propias Instituciones del Estado. No se ha probado –a día de la fecha- que los directivos de Afinsa hayan cometido estafa alguna. A pesar de las imputaciones contra ellos, no tenemos constancia de hechos delictivos comprobados. De las actuaciones torticeras del Gobierno, sí. Y lo que es peor, a medida que va pasando el tiempo la tozudez de la realidad nos demuestra que el intervencionismo estatal no ha actuado como simple mecanismo corrector de ninguna estafa o desorden de tipo económico. Como tampoco lo ha hecho para salvaguardar los intereses de presentes y sucesivos clientes de la compañía. Lo que está quedando cada vez más en evidencia es lo que muchos nos temíamos desde el principio: lo que en realidad ha hecho el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido orquestar una funesta maniobra de ingeniería político-económica de terribles consecuencias para 190.000 familias con el único fin de pagar algunos favores a la Banca. Que alguien nos demuestre lo contrario. A modo de ejemplo (las muchas evidencias que tenemos ocuparían varias páginas) ante lo que se presentó como una sensacional estafa piramidal –acompañada de otros cuatro delitos de igual gravedad- la justicia, en buena lógica, ya habría actuado. Jueces y tribunales habrían encontrado transcurridos más de veinte meses de instrucción las pruebas de tales delitos. Y habrían devuelto a los responsables de los mismos a la cárcel. Y, sin embargo, está sucediendo todo lo contrario. Paradójicamente todo apunta a que la justicia no está actuando de forma independiente. De que se está dilatando, de forma deliberada la resolución del procedimiento y de que éste se halla, además, plagado de irregularidades. De auténtico escándalo podrían considerarse en ese sentido las últimas declaraciones efectuadas ante su señoría el Juez D. Santiago Pedráz por parte de la señora Yábar Sterling. Como inspectora jefe de la Agencia Tributaria, fue quién –según se nos ha dicho- denunció mediante un informe las irregularidades de la compañía propiciando con ello la intervención de la Fiscalía Anticorrupción. (Llegados a este punto es interesante destacar que esta información entra en flagrante contradicción con lo manifestado por el ministro Solbes, tal y como queda reseñado más arriba). Exactamente igual a como hiciera en sus declaraciones del pasado 16 de enero, durante su comparecencia en calidad de testigo en virtud de las diligencias previas de investigación sobre la causa abierta a la empresa Brohan Design (una fotocopia a tamaño reducido de la causa principal contra Afinsa), la Sra. Yabar volvió a reiterar en esta su segunda comparecencia, que el contenido de su informe responde a “opiniones e impresiones personales y particulares”, sin poder explicar en la mayoría de las ocasiones, las razones subjetivas y sustantivas que sostienen dicho informe “y recurriendo a hipótesis y conjeturas personales como razón última de sus opiniones. Este comportamiento manifiestamente irregular ha llevado a declarar al abogado de la defensa, D.Javier Gómez de Liaño: “No se a que obedecerá el comportamiento de la inspectora pero a tenor de lo declarado, a la objetividad y búsqueda de la verdad, desde luego no”(sic), así como a manifestar que con estas declaraciones “ha quedado sobradamente acreditado el prejuicio que preside la actuación de la inspectora, como inspiradora de la actuación penal contra sus defendidos”. Tan grandes y graves están siendo las contradicciones de la testigo, que ante las mismas y ya al final de su declaración, algunos de los abogados presentes en la sala se preguntaban perplejos si las contradicciones observadas y los endebles basamentos que su informe refleja en esta causa, podrían estar presentes también en el informe que la misma inspectora realizó en la causa principal con las gravísimas consecuencias a que ello dio lugar para miles de personas. Todo esto, unido a que como ya he citado anteriormente, no se sostienen ni una sola del resto de las acusaciones contra los administradores de Afinsa, me hace llegar a la conclusión de que la justicia no está actuando de manera independiente. De que este procedimiento se está alargando de forma deliberada para liquidar definitivamente, mediante una agónica causa penal, cualquier posibilidad de reflotar esta compañía. Y para quienes duden de esta aseveración, me remito de nuevo a las afirmaciones hechas por el ministro Solbes con respecto a la posible viabilidad de las empresas. (Para ello, me refiero de nuevo las dos compañías). Según el senador del PNV, Javier Maqueda, en conversación mantenida por él mismo con el ministro Solbes y tras confirmarle este que, efectivamente, la intervención había sido una mera decisión política, el vicepresidente rechazó igualmente cualquier plan de viabilidad al asegurar que ambas empresas –Fórum y Afinsa- estaban liquidadas, sin solución de continuidad. Igualmente, por decisión política. ¿Y en qué situación nos deja, a nosotros, los perjudicados, todo lo anterior? ¿Qué podemos hacer para que se resuelva nuestro problema? Analicemos la situación tomando distancia y acompañemos nuestra visión con algún que otro sorbo de pragmatismo. Todas y cada una de las leyes enunciadas en las modernas teorías políticas y económicas, por ejemplo la teoría del comercio internacional o la teoría del ciclo económico, se relacionan con el funcionamiento de las leyes sociales. Esas leyes desempeñan en nuestra vida social un papel equivalente al desempeño en la ingeniería mecánica por –digamos- el principio de la palanca. En efecto, necesitamos de las instituciones, al igual que de las palancas, para alcanzar todo aquello cuya obtención exige una fuerza superior a la de nuestros músculos. Pero al igual que lo hacen las máquinas, las instituciones multiplican su poder para el bien y para el mal. En nuestro caso, toda la maquinaria del Estado se ha puesto en marcha para propiciar la quiebra de dos compañías y con ello la desaparición de todo un sector de la economía española. La ruina de 460.000 familias; el rechazo hacia nosotros por parte de la sociedad; el agotamiento por nuestra propia situación y la muerte de muchos por ley natural-o por causa de todo lo anterior- arrojará como resultado, piensan algunos, el abandono de nuestra lucha y finalmente el olvido. Para conseguir el triunfo de su estrategia cuentan con el control absoluto de los tres poderes –tan solo faltaba la promulgación de una nueva Ley que diese entrada a quién era nuestro mayor enemigo: la Banca para terminar de rematar la faena- y con el paso del tiempo, como sus mejores aliados. Si a todo lo anterior le sumamos las manifiestas irregularidades cometidas por los Administradores Concursales –incluyendo la desaparición por robo de piezas de convicción con respecto al procedimiento- (nuestros sellos), la manera atrabiliaria en que se están resolviendo los incidentes concursales y las multiples denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial, los Juzgados de Plaza de Castilla y la propia Audiencia Nacional que no están prosperando, el panorama que ofrece nuestro desamparo es desolador. Ante una realidad procesal, compuesta por tantas facetas diferentes que van cambiando y alterando su forma según a quién le conviene, sería bueno recordar la anécdota que cita en una de sus obras Ortega y Gasset al referirse a aquél gitano que se fue a confesar y al que el cura, precavido, comenzó a preguntarle si sabia los mandamientos de la ley de Dios, a lo que el gitano respondió: Miusté, padre; yo loh iba a aprendé; pero he oido un runrún de que loh iban a quitá. Exactamente igual que el gitano estamos nosotros. Cuando parece que los fundamentos del Estado de Derecho están ahí, para ayudarnos y extendemos nuestra mano para aprehenderlos y hacerlos valer, es el propio Estado el que retuerce la ley que los soporta y nos debería amparar–hasta hacerles irreconocibles- . O peor aún: igual que le sucede al gitano, nos los quita. Y así estamos. Sumidos en la desmoralización y la perplejidad mientras nos fagocitan. Exigiendo a gritos que sea el Estado Protector –el mismo que nos ha engañado, manipula, desprecia y ningunea- quien venga en nuestra ayuda. Vano clamor en el desierto. Así podemos seguir indefinidamente, que nadie nos va a escuchar. Lo han dicho ellos. Vista la situación, así las cosas, debemos por fuerza cambiar el foco del asunto. El Estado –nos guste o no- no es una forma de sociedad que el hombre se encuentre dada. No es un regalo. Necesitamos “construir Estado” entre todos. Y la mayoría de las ocasiones, a falta de una clase política decente, somos nosotros, el pueblo llano quienes nos vemos abocados a fraguarlo lenta y penosamente. Y en el proceso de “construir”, no debe pasarnos por alto un mísero detalle técnico: la salud de un Estado –y de las democracias- depende tanto del procedimiento como del resultado electoral. Todo lo demás, a la hora de la verdad, es secundario. En nuestro caso, y ante el desamparo al que nos tienen sometidos, esta afirmación resulta más que evidente. Solo mediante el ejercicio del voto sereno y responsable –alejado de partidismos y de cualquier tinte ideológico- podremos resolver nuestra situación. Hasta dentro de cuatro años no tendremos otra oportunidad para volver a hacerlo. Ya hemos escuchado, por activa y por pasiva que el Gobierno socialista se niega a resolver nuestro problema. (Otra cosa será que el propio Estado, llegado el momento y tras acudir a instancias internacionales –cualesquiera que sea entonces el Gobierno de turno- se vea obligado a indemnizarnos). Nuestro voto, por lo tanto, no debe ser para el PSOE. No solo porque –tal y como ellos han declarado- fue el “propio Gobierno Socialista quién dio a la Fiscalía la orden de intervenir, sino porque haciendo uso –y abuso- del poder más intervencionista y totalitarista de nuestra joven democracia, este Gobierno se ha comprometido –y en ello se empeña cada día- en arruinarnos definitivamente y quitarnos de en medio. Por lo tanto, si verdaderamente nos queda el recurso inmediato del sufragio, y así las cosas…¿a quién votar?. Si lo analizamos de nuevo de manera desapasionada, veremos que, nos guste o no, el panorama político español –claramente bipartidista- nos deja pocas elecciones. Veamos cuales son. Por una parte, tenemos como partido mayoritario en la oposición, al Partido Popular que se ha comprometido a solucionar nuestro problema. Se nos ha asegurado a quienes mantenemos conversaciones con sus representantes que el próximo día 9 de Febrero, en un acto multitudinario que tendrá lugar en Madrid, y en el que intervendrá Mariano Rajoy, se hará finalmente público el contenido total de su programa en el cual se hace referencia explícita a nuestro problema y al compromiso firme del PP para solucionarlo. ¿Es entonces el PP la única opción que tenemos? Al parecer no. Aseguran que otros partidos minoritarios, tales como son Ciudadanos y UPyD, se pronunciarán en el mismo sentido, si bien todavía no nos han llegado noticias de ninguna declaración programática –ayer mismo Albert Rivera acudió a un mitin en Galicia en el que-salvo error por mi parte- no hizo alusión alguna a nuestro problema. Otro tanto sucede con el partido que lidera Rosa Díez. De momento, todo apunta –según ha declarado al parecer la propia líder de UpD, a que “este asunto no le concierne en absoluto”. Las declaraciones van al parecer más allá, y un tanto en la línea que –con respecto a nosotros- sostiene la opinión pública, pero las obviaremos para no generar más debate innecesario. Nos quedarían finalmente el resto de partidos tales como la Entesa, IU, Coalición Canaria, etc., –insignificantes igualmente en número de votos- y los partidos nacionalistas con una mayor representatividad pero cuya presión hacia el Gobierno de turno en aras a torcerle continuamente el brazo en sus exigencias presupuestarias y territoriales ya hemos visto los resultados que ha tenido para nosotros. Ninguno de ellos -de todos los anteriormente mencionados- podría además constituir Gobierno a excepción del Partido Popular. Y en el supuesto de que volviese a salir el PSOE, todos y cada uno de ellos –a excepción tal vez de Ciudadanos y de UPyD, porque sí: porque me apetece concederles el beneficio de la duda, seguirían tirando por tierra cualquier iniciativa parlamentaria por parte del Partido Popular para zanjar nuestro problema y darle, definitivamente, una solución. Ante este panorama y todo lo anteriormente expuesto, las elecciones del próximo 9 de marzo –o mejor dicho, el resultado de las mismas- constituyen nuestra única esperanza en el corto plazo para recuperar nuestros ahorros y comenzar a exigir justicia. Pero, para que eso suceda, debemos comenzar todos –los 460.000- a apartar de nosotros, con un manotazo ,toda sombra de falso prejuicio ético o moral con respecto al partido destinatario de nuestro voto porque no hay nada más inmoral y más falto de ética que lo que nos han hecho –y nos siguen haciendo- a nosotros: los perjudicados. Quienes han puesto en marcha una ruinosa intervención política tienen que encontrar la réplica a la misma igualmente en el terreno de la política. No hay otra solución. Dejemos de suplicar y lloriquear continuamente sobre nuestros derechos con respecto al Estado, y comencemos a ejercer nuestras obligaciones en la construcción y regeneración del mismo. Que nunca jamás, vuelva a sucederle a nadie lo que nos han hecho a nosotros. Somos 460.000 familias –más de un millón y medio de afectados- y nuestra voz se hará oír. Dejemos a un lado lo “políticamente correcto” para ser “política y económicamente” libres. Desde el momento en que el Partido Popular haga público que nos incluye en su programa cerremos, de una vez por todas, cualquier rendija por la que intente hacerse un hueco la duda o el dilema. Votémosles. Y recuperemos, gracias al poder que nos otorga nuestro voto, lo que otro partido en el poder -y desde el poder-nos ha quitado. De otro modo ¿para que sirve de cara a estos propósitos concretos la convocatoria de elecciones del día 9? ¿En qué exactamente nos va a ayudar la manifestación del día 16? Si no hacemos nada, si seguimos votando PSOE y por lo tanto haciendo más de lo mismo, para que todo permanezca igual, ¿por qué y para qué tanto esfuerzo? ¿Tanto desgaste? En tanto en cuanto el partido que nos ha arruinado siga gobernando, todos aquellos esfuerzos o acciones que no vayan dirigidos a que el PSOE pierda las próximas elecciones serán pura pantomima y todos “los posicionamientos” - ideológicos y altruistas - henchidos en realidad de oculto particularismo, serán a efectos prácticos realmente falsos, inútiles y carentes de sentido porque no nos ayudarán a recuperar nuestros ahorros. A veces, queridos amigos, -y esta es nuestra situación- el destino no consiste en hacer aquello que tenemos ganas de hacer. La dignidad individual –y la libertad- se ganan, las más de las veces, en el momento mismo en que adquirimos conciencia de “tener que hacer” aquello que, en realidad, no tenemos gana alguna de terminar haciendo. Ese es tal vez el dilema –a título individual- para algunos de nosotros. Pero para el colectivo global de perjudicados también es nuestra ocasión. Tenemos por delante una oportunidad de conseguir aquello por lo que llevamos dos años luchando. Si realmente somos consecuentes con nosotros mismos hagámoslo. Sin más. Desde la muralla,...seguiremos resistiendo.
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